Dolor en Guantánamo y parálisis en el Gobierno
18 de mayo de 2009
Andy Worthington
Aunque la semana pasada informé sobre un
importante caso judicial a favor de Alla Ali Bin Ali Ahmed, preso yemení en
Guantánamo, hubo pocos avances, durante los primeros 115 días de la
administración Obama, para los hombres que siguen retenidos, a pesar de la
promesa del presidente de cerrar
la prisión en el plazo de un año. De los 241 presos que aún permanecen en
Guantánamo, sólo uno, Binyam
Mohamed, ha sido puesto en libertad, pero eso, está claro, se debe simplemente
a que sus torturas, bien documentadas en Marruecos y Afganistán, se han
convertido en un irritante persistente para los gobiernos británico y
estadounidense en los tribunales de ambos lados del Atlántico.
Por lo tanto, no es de extrañar que, como informó Tim Reid para el London Times
el viernes, tras una reciente visita a la prisión, el estado de ánimo de muchos
de los presos sea de enfado, desesperación y suicidio. Reid explicaba cómo el
rostro de un preso "asomaba a la estrecha ventana de la celda, con ojos
oscuros y furiosos" y cómo, con "los brazos gesticulando
salvajemente, hacía violentos movimientos cortantes con las muñecas, se
golpeaba el costado de la cabeza y se introducía imaginarios tubos de
alimentación por la nariz".
"Alfa-3", no paraba de murmurar mientras intentaba decirnos que el preso de la celda Alfa-3
era un suicida en huelga de hambre. Luego empezó a colocar fotos de familia
contra el cristal, incluidos dos niños pequeños que miraban fijamente a la
cámara agarrados a un ciervo de peluche. Pronto apareció otra cara en la
ventana de otra celda -se cubrió la cara con el Corán y desapareció de la
vista- y otra, gritando: "¿Qué es la libertad? Pregúntales, ¿qué es la
libertad?".
Reid continuó explicando que, la noche de las elecciones presidenciales, "un cántico festivo de
'¡Obama! ¡Obama! Obama!" se extendió por la cárcel", cuando los
presos se enteraron de que había ganado, y que cuando, en su segundo día en el
cargo, emitió su Orden Ejecutiva por la que declaraba que cerraría Guantánamo,
"los detenidos estaban entusiasmados, gritando a los guardias: ¿Os habéis
enterado? ¡Nos vamos de aquí!
Ahora, sin embargo, como explicaron los abogados de los presos, "todo el entusiasmo de enero ha
desaparecido", y "entre los detenidos circula un chiste contado con
humor de horca: 'Al menos Bush liberó a gente'".
Obama libera por fin a un segundo preso
Mientras se publicaba el artículo de Reid, había, al menos, buenas noticias para un
preso de Guantánamo, Lakhdar Boumediene. Argelino de 43 años y antiguo
residente en Bosnia, Boumediene siempre será conocido por el caso que lleva su
nombre, Boumediene
contra Bush, que llevó, el pasado mes de junio, a que el Corte Suprema
dictaminara por segunda vez -tras los reveses impuestos, inconstitucionalmente,
por el Congreso- que los presos de Guantánamo tenían derechos de habeas corpus;
en otras palabras, el derecho, seis años y cinco meses después de que se
abriera Guantánamo, a impugnar el fundamento de su detención ante un tribunal.
En noviembre, esto condujo a otra importante victoria para Lakhdar Boumediene, cuando el juez de su caso
de habeas corpus, Richard Leon, nombrado por Bush, echó por tierra los
argumentos del gobierno contra él -y contra cuatro de los otros cinco hombres
detenidos con él en Bosnia en enero de 2002 en relación con un complot
inexistente para volar la embajada estadounidense en Sarajevo- y ordenó su
puesta en libertad (como expliqué en un detallado artículo en aquel momento,
"Tras
7 años, el juez ordena la liberación de las víctimas de secuestro de Guantánamo").
Sin embargo, aunque tres de los hombres -Mustafa Ait Idr, Hadj Boudella y Mohammed Nechla- fueron liberados
poco después, para reunirse con sus familias en Bosnia, Boumediene y el
otro hombre, Sabir Lahmar, permanecieron en Guantánamo, al parecer porque
ninguno de los dos tenía ciudadanía bosnia.
El limbo en el que se encontraba Boumediene se resolvió finalmente cuando, en un gesto de apoyo a la
administración Obama, el gobierno francés accedió a aceptarlo. Tras su
secuestro en Bosnia, la esposa y los dos hijos de Boumediene regresaron a
Argelia, pero el gobierno francés lo aceptó porque tiene parientes en el sur de
Francia. El 6 de mayo, cuando un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores
francés declaró
que Boumediene había sido "absuelto de todos los cargos relativos a la
participación en eventuales actividades terroristas", el gobierno anunció
también que, además de aceptar a Boumediene, estaba dispuesto a ofrecer la
residencia a su esposa e hijos.
Rob Kirsch, uno de los abogados de Boumediene, que explicó
que había estado reuniéndose con funcionarios franceses durante los dos últimos
meses, y que un diplomático francés había hablado con Boumediene por teléfono
en las últimas semanas, declaró: "Los franceses acaban de asumir aquí un
papel de liderazgo asombroso. [Han] contemplado un verdadero desastre
humanitario y han tomado medidas para abordarlo".
Kirsch también explicó que, el miércoles, cuando él y un diplomático francés llegaron a Guantánamo para
tramitar la documentación necesaria para la llegada de Boumediene a Francia, su
cliente, que llevaba 18 meses en huelga de hambre, intentó comer algo de comida
francesa que había solicitado, pero no pudo con ella y, en su lugar, rompió
simbólicamente su huelga de hambre comiendo arroz y judías, comprados en un
restaurante de la base naval.
Sin embargo, aunque la liberación de Boumediene es otro pequeño paso hacia el cierre de Guantánamo, no
servirá de mucho para tranquilizar a quienes siguen recluidos y hacerles creer
que su sombría broma sobre la incapacidad de la administración Obama para
liberar presos tiene menos peso.
Parálisis en el gobierno
Boumediene deja atrás no sólo a Sabir Lahmar, para quien no se ha encontrado ningún tercer país que esté
dispuesto a aceptarlo, sino también a los otros 20 presos cuya liberación
autorizaron los tribunales estadounidenses: Mohammed
El-Gharani, residente saudí y nacional de Chad, que sólo tenía 14 años
cuando fue apresado en una redada aleatoria en una mezquita de Pakistán, dos
yemeníes (Alla Ali Bin Ali Ahmed, cuyo caso fue ampliamente demolido hace dos
semanas, y Yasim Basardah, cuya liberación se ordenó hace seis semanas) y, lo
más controvertido de todo, 17 uigures, musulmanes de la oprimida provincia
china de Xinjiang.
En octubre, después de que un tribunal de apelación asestara el primer
gran golpe a un caso concreto de Guantánamo, al dictaminar en junio que las
supuestas pruebas del gobierno contra uno de los uigures, Huzaifa Parhat, eran
similares a un poema sin sentido de Lewis Carroll, autor de Las aventuras de
Alicia en el país de las maravillas, El juez Ricardo Urbina ordenó
que los uigures fueran puestos en libertad en Estados Unidos, porque su
detención continuada era inconstitucional, porque no era seguro devolverlos a
China y porque no se había encontrado ningún otro país dispuesto a aceptarlos.
Lamentablemente, esta sentencia fue apelada
por el gobierno, y la apelación fue
confirmada por dos de los tres jueces, A. Raymond Randolph y Karen LeCraft
Henderson. El juez Randolph, en particular, tiene un largo historial de
respaldo a las políticas de detención de la administración Bush en la
"Guerra contra el Terror" en casos que finalmente fueron anulados por
el Corte Supremo y, como resultado, es muy posible que sea necesaria una
sentencia del Corte Suprema una vez más para hacer justicia y conceder la
libertad a los uigures.
No obstante, es profundamente decepcionante que el gobierno de Obama no hiciera nada para
contrarrestar la abismal indiferencia de su predecesor ante la inaceptable
situación de los uigures cuando se resolvió
finalmente el caso en febrero, y no es menos preocupante que, desde
entonces, a pesar de haber propuesto
tentativamente que se podría exigir al gobierno que aceptara al menos a
algunos de los uigures en Estados Unidos para animar a otros países a aceptar a
presos autorizados para ser liberados que, como los uigures, no pueden ser
repatriados, tanto el presidente Obama como el fiscal general Eric Holder no
han pasado de las palabras a los hechos.
En esto, además, su aparente parálisis refleja su incapacidad para actuar en nombre de cualquiera
de los otros presos de Guantánamo que creyeron, el pasado noviembre, que el
cambio en el que podían creer estaba a punto de producirse en Guantánamo.
Recientemente he escrito dos
artículos
en los que examino la incapacidad general de la nueva administración para
revocar de forma global las políticas de detención e interrogatorio de la
administración Bush en la "Guerra contra el Terror", y para pedir
cuentas a los responsables, y en los que expreso mi consternación por el hecho de
que el gobierno esté estudiando planes para legitimar la política de
"detención preventiva", en los casos de 50 a 100 presos, que
constituye el núcleo de la injusta existencia de Guantánamo.
Además, aunque el gobierno aún no ha hecho pública la letra pequeña de su decisión de reintroducir
una versión saneada de las Comisiones Militares, el sistema de
"juicios por terrorismo" concebido por el ex vicepresidente Dick
Cheney y su jefe de gabinete David Addington, observo que los informes
anticipan que se aplicarán a menos de 20 de los prisioneros -aquellos,
presumiblemente, los que estuvieron realmente
implicados en los atentados terroristas contra Estados Unidos que
supuestamente justificaron la existencia de Guantánamo, y no los adolescentes,
como Omar
Khadr y Mohamed
Jawad, los irrelevantes insurgentes
afganos menores y otros acusados anteriormente, cuyas actividades, aunque
se haya demostrado que tuvieron lugar, nunca deberían haberse considerado
"crímenes de guerra".
Como siempre, la administración Obama tiene que demostrar que ha estado escuchando a los
funcionarios de las agencias de inteligencia que han estado afirmando, durante
muchos años, que no más de unas
pocas docenas de prisioneros tenían alguna conexión significativa con Al
Qaeda, y que, con la excepción de la mayoría, o la totalidad de los 14
"detenidos de alto valor" trasladados a Guantánamo en septiembre de
2006, ninguno "podría ser considerado un dirigente o un alto operativo de
Al Qaeda", y a Lawrence Wilkerson, ex jefe de gabinete de Colin Powell,
que recientemente
declaró que "no más de una docena o dos de los detenidos" tenían
información de inteligencia de valor.
Obama y Holder también tienen que escuchar a los jueces que, poco a poco, y a pesar de la obstrucción
intencionada del Departamento de Justicia, están, como demostró la juez Gladys
Kessler en el caso de Alla Ali Bin Ali Ahmed, destruyendo los casos contra la
mayoría de los presos, por
una sencilla razón. En ausencia de cualquier conocimiento sobre ellos
cuando llegaron por primera vez a la custodia de EE.UU. (porque en su mayoría
fueron comprados a los aliados afganos y pakistaníes del ejército de EE.UU.,
porque al ejército se le prohibió examinarlos en Afganistán para determinar si
eran combatientes o civiles, y porque la administración Bush equiparó a los
soldados de infantería talibanes con terroristas de Al Qaeda), los casos contra
ellos se basan, en su mayor parte, en una red de mentiras producidas por
prisioneros que fueron torturados, coaccionados o sobornados para que hicieran
confesiones falsas, y en un "mosaico" de inteligencia que se basa en
rumores de segunda o tercera mano, culpabilidad por asociación y suposiciones
sin fundamento.
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